• Rechazo y repudio a la represión y a la violencia institucional ejercida contra las manifestaciones y protestas sociales que tuvieron y tienen lugar como consecuencia del proceso de reforma de la Constitución provincial, y para demandar trabajo, salarios dignos, educación y salud, derecho a la vida y al ambiente, que llevan adelante numerosos sectores sociales y populares, de trabajadores y pueblos indígenas.
• El Estado provincial tiene la obligación indeclinable de respetar la libertad de expresión y protesta, los derechos sindicales y de las comunidades indígenas.
• El empleo de la fuerza por parte del Estado ha vulnerado los valores y las prácticas democráticas que garantizan el acceso y la ampliación del conjunto de derechos y la realización de la justicia social en el territorio provincial.
• Frente a los sucesos en curso debe eliminarse todo tipo de persecución y detención arbitraria y liberar a lxs manifestantes que fueron detenidxs.

Solidaridad con el pueblo jujeño en la lucha asumida en defensa de sus derechos.