En la Argentina los cultivos de transgénicos han crecido de manera desmedida, ocupando actualmente el tercer lugar en el mundo con respecto a la utilización de semillas transgénicas. Desde el año 1996 a la fecha se aprobaron 55 transgénicos cuyo cultivo implicó incrementar el uso masivo de glifosato, glufosinato de amonio y 2-4D, entre otros agrotóxicos.

Alrededor del 80% del área cultivable del país se utiliza para monocultivos transgénicos que son rociados por 450 millones de litros de agrotóxicos.

Este sistema extractivista que requiere volcar productos tóxicos arrasa con la biodiversidad, la soberanía alimentaria y energética de los pueblos y, por ende, atenta contra la salud provocando perversa e inescrupulosamente daños irreparables. Se desplazan cultivos frutihortícolas que los argentinos consumimos –y que ahora inclusive se deben importar– al priorizarse cultivos que se exportan pero no se consumen en Argentina. Al mismo tiempo se expulsa masivamente a los agricultores familiares, pequeños productores y comunidades indígenas campesinas que se dedican a ese otro tipo de cultivos, para permitir “zonas de sacrificio” destinadas a fraking y megamineria.

Mientras en otros países se está llevando adelante una agricultura a gran escala sin químicos, tóxicos ni transgénicos, en la Argentina se dedican 23 millones de hectáreas al cultivo de soja transgénica. Se profundiza así un modelo extremadamente perjudicial para la población, donde alrededor de 15 millones de habitantes directa o indirectamente están padeciendo las fumigaciones con agrotóxicos, con glifosato cancerígeno.

Las enfermedades siguen creciendo a pasos agigantados en aquellos lugares que se encuentran rodeados por la producción transgénica, ante la desidia del agronegocio, la desinformación organizada, la complicidad política, la inacción de una parte de la justicia y la censura y persecución de quienes denuncian esta situación. Sólo como ejemplo, la actual conducción del INTA ha llegado a prohibir el uso de la palabra agrotóxico dentro de la institución y ha desplazado a directorxs de Agencias de Extensión que se han opuesto a estas prácticas. Cáncer, malformaciones, problemas neurológicos, respiratorios, infertilidad y abortos espontáneos son sólo algunos de los males que provocan los agrotóxicos, según los especialistas que rastrean denuncias hace años.

Las escuelas rurales asediadas por los agrotóxicos son más de 5000 en sólo cuatro provincias, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, donde hay unos 700 mil niños, niñas y adolescentes que son fumigadxs en horarios de clase. «Las docentes rurales somos testigos directos del costo humano de este sistema basado en transgénicos y venenos», había avisado la docente Ana Zabaloy, una de las víctimas de la voracidad fatal del agronegocio.

Los problemas más visibles entre lxs alumnxs rurales son las alergias en la piel y las enfermedades respiratorias. La salud de lxs docentes y otrxs trabajadorxs de las escuelas también se ve seriamente afectada por las fumigaciones con agrotóxicos en los campos aledaños.

Frente a este escenario, las escuelas están desprotegidas y quedan exclusivamente sujetas a la posibilidad de que el Municipio local sancione o no una ordenanza de distancia de protección.

Los problemas derivados del uso de agrotóxicos han dejado de ser una cuestión exclusiva del campo y se han convertido en un problema ambiental y de salud pública también en los pueblos y ciudades de toda América Latina y el mundo. Los agrotóxicos contaminan el agua, la tierra, las plantas, la comida, los animales y los seres humanos, es decir que son biocidas. La dimensión del fenómeno inclusive dificulta a quién se proponga desarrollar cultivos orgánicos o agroecológicos, debido a las derivas provocadas por los vientos o la contaminación de las aguas de riego.

Por eso es fundamental la tarea de todxs para visibilizar esta problemática de un modelo de agronegocios que ocasiona profundos daños.

Las movilizaciones en pueblos y ciudades de todo el país, que reúnen a vecinxs, campesinxs, comunidades indígenas y productorxs agropecuarixs que no utilizan agrotóxicos, organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y ONG ganando las calles en defensa de la calidad de vida, son un paso fundamental para la necesaria transformación de un modelo de producción que genera commodities en lugar de alimento.

Bajo lemas tales como “no más venenos sobre nuestras escuelas y bombas de agua” se constituyen grupos organizados que activan la resistencia a las fumigaciones en cercanías de las escuelas rurales y viviendas familiares. Esta movilización se ve plasmada en asambleas socioambientales, actos en espacios públicos, marchas multitudinarias, junta de firmas; es fundamental anteponer la organización para fortalecer la lucha. Los reclamos incluyen:

• La creación de una zona de resguardo de 1500 metros de las plantas urbanas y de 1000 metros de las escuelas rurales.
• La prohibición de la fumigación aérea por la imposibilidad de controlar la deriva.
• La promoción de una producción agroecológica de verduras y hortalizas como así también la posibilidad de continuar con la siembra de soja/trigo mediante el uso de bioinsumos para controlar de manera natural (sin venenos) las enfermedades/plagas que puedan presentarse en esta área que rodea a las localidades.
• La regulación de la venta de los herbicidas con retornabilidad de aquellos envases que en la actualidad son de venta libre.
• La prohibición de todos los pesticidas altamente peligrosos según la OMS y la FAO, reconociendo el carácter tóxico de los mismos.
• La ejecución de políticas de Estado que permitan reconstruir un estado de bienestar común, priorizando el derecho a la salud de las personas sobre el lucro.

El empoderamiento y el avance sostenido de distintos colectivos de vecinxs y comunidades escolares avasalladxs en sus derechos va consolidándose y no detiene sus denuncias de las fumigaciones y el modelo transgénico.

Ante esa situación se han producido fallos judiciales contra los efectos de los agrotóxicos (glifosato, atrazina, 2-4D, endosulfán, entre otros) que prohíben las fumigaciones en cercanías de escuelas, cursos de agua y barrios.

Ante un sistema neoliberal incapaz de asumir y respetar los límites saludables que generan sustentabilidad para cada vida es preciso seguir con la denuncia del modelo de agricultura capitalista y su relación con los agrotóxicos así como los efectos perjudiciales derivados para los seres humanos y el planeta, reclamando al Estado que tome decisiones sobre la regulación de plaguicidas que en otros países están prohibidos.

Asimismo, es imprescindible fortalecer la propuesta de la soberanía alimentaria como una forma de practicar la agricultura respetando los pueblos, el planeta y todos los seres vivos que lo habitan, garantizando así la producción de alimentos sanos y sin venenos. La incursión en la agroecología agrega calidad al ambiente, a lxs productorxs y a nuestras vidas e implica un intercambio de saberes y genera nuevos vínculos en la comunidad que les permite entrelazar proyectos conjuntos.

Este es un momento estratégico para lograr una mayor coordinación y unidad de las luchas del campo y la ciudad para enfrentar a un modelo de agricultura que atenta contra la vida de los pueblos y del planeta.  Es necesario generar una conciencia grupal en toda la comunidad de que sin salud y cuidado del medio, no nos quedan alternativas positivas para el futuro.