Impulsado por el Observatorio de Derechos Humanos y Participación Ciudadana en coordinación con el Centro de Estudios Sociales y la Facultad de Humanidades de la UNNE y con el Comité para la Defensa de la Salud, Ética y Derechos Humanos (CODESEDH), el II Foro “Derechos, Desigualdad y Pandemia” propició la reflexión y búsqueda de acuerdos sobre las acciones de las organizaciones para fortalecer su incidencia territorial desde el enfoque de defensa de derechos y participar en el diseño e implementación de políticas públicas, y las acciones de la Universidad para favorecer los planes de trabajo de las organizaciones (desarrollo de programas específicos de formación, difusión, extensión, investigación, y cooperación en el territorio).

Las organizaciones participantes fueron: Pueblo Qom del Barrio Mapic, Resistencia; Cooperativa de Campesinos Poriajú, Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco; CTA de los Trabajadores, Corrientes; Escuela Pública de Gestión Social No. 1 – Nivel Inicial, Resistencia; Frente Universitario Popular; INDESA Instituto del Derecho de Salud, Chaco; La Poderosa, Chaco; Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados Filial Chaco; Organización TECHO, Corrientes y Chaco; y Red de Salud Dr. Ramón Carrillo, Chaco. La relatoría estuvo a cargo de María del Socorro Foio.

Se abarcaron problemáticas de género, niñez y adolescencia, acceso a la justicia, discriminación, educación, hábitat, trabajo, territorio y protección ambiental, que forman parte de las agendas de las organizaciones sociales.

La expectativa y el compromiso del encuentro ha sido poder contar con un documento a poner en común con la comunidad universitaria y con las agencias del Estado, que plasme la construcción colectiva del diagnóstico de situación y las propuestas de incidencia en los planes y programas gubernamentales para la reivindicación de las demandas de las organizaciones y comunidades del territorio.

En tal sentido, las organizaciones sociales piensan en una universidad que acompañe a levantar las voces de los que están callados y aporte a la presencia permanente y visibilizada de los problemas no escuchados por quienes deben atenderlos, vulnerando derechos inalienables.

Se caracteriza al Noreste como región de la desigualdad estructural en los ingresos, en el acceso a los sistemas educativo y de salud y en las situaciones de empleo y hábitat, donde con la pandemia esta desigualdad se ve agudizada. Se considera que la región tiene la capacidad y la memoria para enfrentar las adversidades y superarlas con sus instituciones y con sus pueblos organizados.

Las principales propuestas se refieren a la articulación de las organizaciones barriales con movimientos sociales, cooperativas, el municipio y las escuelas; y el fortalecimiento de prácticas en economía social, trabajo, organización, cogestión y autogestión.

La participación comunitaria es entendida como derecho y como responsabilidad, siendo necesario desarrollar acciones con base territorial que permitan fortalecer las autonomías.

Se reivindica el derecho a construir en la esperanza: organizarse, capacitarse, intercambiar experiencias y compartir logros y también revisar sus dificultades y se reclama por un Estado presente, garante, cerca de quienes necesitan ejercer sus derechos brindándole las oportunidades para ello.

La universidad reconoce que su inserción territorial tiene que apuntar a generar saber aplicado (problemáticas actuales, sociales, especificas), y soluciones que deben estar a disposición de la sociedad.

A su vez se sostiene que la creación y transferencia de conocimientos no debe estar limitada al ámbito científico y académico; el territorio tiene gran parte de los conocimientos, por lo tanto es preciso no omitir actores, y usar recursos en forma justa y federal considerando la democratización del presupuesto universitario y de los proyectos de investigación.